Acto administrativo algorítmico y caja negra estatal: motivación, imputación y control en los Proyectos de Ley nº 2.338/2023 y nº 6.237/2025
motivação, imputação e controle nos PLs nº 2.338/2023 e nº 6.237/2025
DOI:
https://doi.org/10.14393/RFADIR-53.1.2025.83020.25-44Palabras clave:
Inteligencia artificial, Administración Pública, Acto administrativo, Debido proceso algorítmico, Derechos fundamentalesResumen
El artículo analiza cómo el Derecho Administrativo brasileño puede incorporar sistemas de inteligencia artificial sin perder las garantías de motivación, imputación, publicidad, contradicción y control que hacen jurídicamente reconocible al acto administrativo. La relevancia del estudio deriva de la tramitación simultánea de los Proyectos de Ley nº 2.338/2023 y nº 6.237/2025, que, en conjunto, diseñan una arquitectura regulatoria brasileña para la inteligencia artificial, los derechos de las personas afectadas, la evaluación de impacto, la clasificación de riesgos y la gobernanza institucional. El problema de investigación consiste en saber si este bloque regulatorio en formación ofrece garantías suficientes para decisiones administrativas automatizadas o asistidas por IA. La hipótesis sostiene que los proyectos avanzan en las dimensiones procedimental, preventiva e institucional, pero todavía dejan insuficientemente densificada la dimensión propiamente administrativista de la decisión, en la cual se concentran competencia, motivo, motivación, atribución de responsabilidad y control público. Metodológicamente, se realiza una investigación jurídico-documental, con análisis normativo categorial aplicado a los proyectos de ley, a la Constitución, a la Ley nº 9.784/1999, a la Ley de Acceso a la Información, a la Ley General de Protección de Datos, a la Ley de Gobierno Digital y a parámetros internacionales seleccionados. Como contribución, se propone la categoría de motivación algorítmica administrativa suficiente, comprendida como estándar de justificación capaz de convertir la explicabilidad técnica en motivación jurídica comprensible, rastreable, imputable y contestable. Se concluye que la constitucionalidad práctica de la IA estatal dependerá menos de la proclamación abstracta de principios tecnológicos y más de la capacidad de transformar automatización en procedimiento, eficiencia en justificación pública e innovación en responsabilidad administrativa.
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