Memoria, Democracia y Gestión (Revista História & Perspectivas, 2016)
Este articulo sostiene que si bien las políticas públicas de memoria no son una propiedad natural del Estado de derecho, sí condicionan la calidad del sistema democrático, que es lo que determina el bienestar de los ciudadanos que debe ser garantizado por el Estado. El autor argumenta la inexistencia del deber de memoria y sostiene la importancia de considerar la memoria de los pasados políticos traumáticos como un derecho civil cuyo ejercicio el Estado debe garantizar puesto que afecta al bienestar de muchos de sus ciudadanos, y constituye un patrimonio ético cuya conservación y protección enriquece la ciudadanía. Define este patrimonio como la Â«memoria democráticaÂ» y relata la gestación de este concepto en 2004.